La mañana del 23 de abril, miembros del Área de Juventud de
IU-Alcalá nos reunimos junto a varios colectivos dispuestos a protestar ante el
Rey, el Presidente del Gobierno y el resto de autoridades que se reunían en
Alcalá de Henares con motivo de la entrega del Premio Cervantes a la escritora
Elena Poniatowska.
Cuando llegamos nos encontramos ante un panorama lamentable.
Todos los accesos a la Plaza de San Diego, donde se encuentra la entrada a la
Universidad y por donde marchan las autoridades, se encontraban cerrados por la
policía hasta varios metros de distancia. Nos
encontramos un dispositivo policial ideado para aislar a las autoridades de
cualquier tipo de protesta que pudiera incomodarles, acallando así la voz de
los ciudadanos y ciudadanas. Existe un gran contraste con el año pasado,
cuando con total normalidad, pudimos ejercer nuestro derecho a protestar a tan
solo unos metros de la entrada sin que ocurriera ningún altercado.
Hemos sido víctimas
de un vergonzoso acto de censura por parte de unas autoridades que no quieren
oír gritar a la clase trabajadora cuando exigimos los derechos que nos están
arrebatando.
Antes del acto de entrega en el Paraninfo de la Universidad
los representantes del Gobierno Municipal y Grupos Políticos hicieron una
ofrenda delante de la estatua de Cervantes, justo donde nos encontrábamos.
Este acto se llevó a cabo entre reivindicaciones por parte
del los colectivos que allí nos encontrábamos: Jóvenes de IU-Alcalá, UJCE, UAH
en Movimiento, Asamblea de Institutos, Plataforma Antifascista, Red de
Solidaridad Popular, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, etc. Llevábamos
banderas comunes con los lemas “Pan, trabajo y techo” y “Abajo el régimen” y
los miembros de Jóvenes de IU-Alcalá llevábamos, además, banderas tricolores de
la Segunda República y una bandera Saharaui en apoyo a la lucha de este pueblo,
traicionado por el Rey, auspiciando este los acuerdos Tripartitos de Madrid,
firmados en 1975, por los cuales España cedía la soberanía del territorio del
Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, a la postre la ONU no reconocería
estos acuerdos, quedando España como potencia administradora y responsable de
todo lo que suceda en el Sahara Occidental.
